La ley y la trampa

Diario de Pontevedra. 31/03/2013 - J.A. Xesteira

Es un viejo refrán aquel de que quien hace la ley hace la trampa, muy utilizado en la Galicia rural, antiguamente pleiteadora y ahora menos (la experiencia del gato escaldado vale para algo). Era uno de esos malos hábitos que creíamos que con la democracia desaparecerían (como los enchufes, el pesebrismo, chupar del bote, el nepotismo, el favoritismo y unas cuantas enfermedades sociales más) pero no fuimos capaces de hacer una democracia que sanara estas viejas verrugas. La ley con trampa sobrevive en una sociedad que valora y premia a los listos, los que tienen suficientes recursos económicos y escasa ética como para saltarse las leyes y buscarle el lado oscuro. El refrán necesita, para su debido cumplimiento, de unos legisladores que dicten leyes adaptadas a las necesidades de un poder detentado y no merecido, pero también una ciudadanía que sea cómplice con ese estado de cosas y que mire con envidia a los listos que son capaces de buscar los tres pies al gato legal. El triunfador, el que se hace rico bajo la sospecha de ilegalidades no demostradas, encubiertas y amañadas con expertos bien pagados siempre fueron admirados en nuestra sociedad. Claro que, cuando el mismo triunfador es derribado del pedestal, los mismos admiradores se encargan de ponerle la soga al cuello. Es un juego que se mueve entre las sospechas de delito y la aceptación de que las cosas funcionan así, entre la ley y la trampa. Por eso, cuando se habla ahora tanto de la financiación ilegal de los partidos todo el mundo pone cara de ya-lo-sabía y de todos-son-iguales, como algo supuesto e implícitamente aceptado. Incluso algún cargo político lo dice a las cámaras de televisión. Se supone que ningún partido puede tener tanto dinero como para sostener la enorme estructura, al menos de los dos más grandes, con centenares de personas pagadas y empresas subsidiarias trabajando eternamente para una campaña electoral constante. Pero en la maraña del proceso de financiación ilegal del PP, entre tramas Gürtel y papeles ocultos aparecen barbaridades que demuestran que en este país, puestos a hacer estupideces somos invencibles y si hay que gastar dineros, vamos más allá de lo que la ley y la imaginación más fantasiosa pueden prever. Somos capaces de ajustar a la ley y al sentido común gastos en aeropuertos, teatros, museos, parques deportivos y otras estructuras por el estilo, sin utilidad alguna. Incluso salen a la luz ahora mismo (es una de las virtudes de las vacas flacas) ayuntamientos que se han gastado los presupuestos de todo este siglo dentro de la más absoluta legalidad. Durante las vacas gordas todo funcionaba y todos fuimos cómplices de aquella situación, incluso los estafados por los bancos y sus hipotecas, que nunca pensaron que aquel sueño era en realidad una pesadilla. Los partidos políticos buscaron el revés de la trama legal para crear una infraestructura de captación de votos, los bancos colaboraron con dineros a fondo perdido, porque, gracias a ello, tenían patente de corso para estafar legalmente a los incautos. A su favor tenían varias circunstancias; la lentitud habitual de la Justicia y de su estructura (agravada por la sospechosa escasez de medios para que los juzgados y sus trabajadores puedan desempeñar su función eficazmente); la posibilidad de contar con expertos bufetes de abogados duchos en buscar la trampa de la ley; la resignada aceptación popular de que los poderosos siempre se salen con la suya y nunca reciben su merecido. El hecho de que los nombres que entran en los juzgados comiencen a ser famosos, políticos, yernos reales, empresarios y demás, hace que resurja esa vieja lamparilla de fe en que no todo es trampa y que algo de ley debe quedar para castigo. España está ahora mismo a la cabeza europea de varias cosas: la mayor producción de parados sin horizonte, la mayor exportación de emigrantes altamente cualificados (que costaron al país una pasta gansa en la época de vacas gordas) y el mayor índice de encausados por corrupciones, financiaciones ilegales y chorizadas varias de alto standing. No somos los únicos, en Francia acaban de encausar (aquí utilizamos la frase de «llevar a los caballitos», una feliz y brillante manera de expresarlo) al mismísimo Sarkoszy por financiarse ilegalmente con dineros de una anciana no muy cuerda; antes fue Chirac y antes Giscard los que tuvieron que rendir cuentas por ilegalidades. Y en Italia sucede lo mismo, aunque allí la cosa es menos grandiosa y un punto más cómica. Parece que el cóctel de política, finanzas y ley no se mezclan bien. Entre esas fuerzas se mueve el mundo, entre la sospecha de ilegalidades en el poder que difícilmente llegan a la sala del juzgado, y los esfuerzos de algunos defensores de la justicia que tratan de enderezar las cosas. Un tira y afloja entre el bien y el mal. Eso se acepta. Es una regla del juego. El que la hace, la paga, si es que se puede. El verdadero problema llega cuando ya no se respetan ni las formas y se dice a las claras y de manera cínicamente normal: si la ley dice una cosa buscaremos la forma de hacer otra. Lo acaban de decir en el caso que lleva el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que analiza la legalidad de la doctrina Parot. El Gobierno de España, aún antes de que se dicte sentencia ya avisa de que hará “ingeniería jurídica” si fallan contra él. Es decir, antes de que haya ley ya se avisa de que habrá trampa. Si no nos gusta le ley, la torcemos hasta que diga lo que queremos que diga. Puestos a ello podrían hacer lo mismo y buscan ingenieros legalistas que tuerzan las leyes a favor de los desahuciados o de los estafados por preferentes. En las trastiendas de los consejos de justicia y tribunales superiores se enfrentan modos y maneras de entender las leyes. Los ciudadanos no tenemos ingenieros ni fe en la legalidad vigente. Tenemos un auténtico Gobierno marxista, de Groucho Marx: «Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros».