Diario de Pontevedra. 07/12/2013 - J.A. Xesteira
Por sus obras los conoceréis. Parece ser el lema del Gobierno a la hora de legislar. Ya hay una ley Wert, otra Gallardón y ahora una ley Fernández (Ley Fdez. para abreviar) Todas traen polémica y levantan más polvareda de la necesaria en tiempos en que todo debería estar limpio y tranquilo. La ley que presentó el otro día el ministro Fernández Díaz es una ley de policía, aunque se llame Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, y parece que su único fin está en multar a todos por todo; la relación de faltas y delitos por los que tendremos que pagar a poco que nos descuidemos –y que nos convertirá en «paganinis» de una ley que no nos protege de las leyes– es amplia y variada, a la vez que berlanguiana (este país cada vez se parece más a los grandes clásicos del cine español)
Después de leer lo que se nos avecina me acometen muchas dudas en torno a la Ley Fdez., y creo que muchas de ellas las tendrá que despejar el Tribunal Constitucional (o no, a estas alturas ya no se sabe quienes somos, de donde venimos nadie se acuerda y, lo que es peor, no sabemos a donde vamos ni para qué) La primera duda es la de fichar a los manifestantes sin permiso, a los cabreados contra la policía y a los que no desfilen dentro del orden establecido. Es una vuelta a los ficheros policiales y parece como si el certificado de penales y buena conducta estuviera a la vuelta de la esquina; volveremos a estar «fichados» («por teimoso inconformista téñente fichado os gardas», cantaba Celso Emilio Ferreiro en uno de sus poemas) y eso volverá a ser un signo de distinción; a la hora de buscar trabajo en el Inem saltará nuestra ficha de policía y volveremos a los viejos buenos tiempos, que eran buenos solo porque éramos jóvenes.
Otro tema que me inquieta por incógnito es el del capítulo de ofensas a España en general, y a las comunidades, entidades locales, la bandera, los himnos y demás iconos representativos de lo que llamamos España. Estamos hablando de ofensas a un concepto, lo cual mete a la ley dentro de la filosofía. ¿Qué se considera ofensas a España o las comunidades autónomas? ¿Por ejemplo, decir, abajo España o Galicia me la suda? ¿Se quebrantarán por ello los cimientos patrios? Y las entidades locales, ¿será delito decir mi alcalde es un chorizo? La ofensa a la bandera es otra cuestión, seguramente porque no siento ningún aprecio por ninguna bandera; ni me emocionan ni me causan irritación cualquiera de las que se agitan en las manifestaciones. Ofender a la bandera es otro concepto suficientemente abstracto como para poner multa. Si en una manifestación sacan una bandera republicana, ¿se «ofenderá» la amarilla y roja por ello?, ¿es ofensiva la bandera con el toro de Domecq? El apartado de las ofensas a los himnos tiene también su complicación. ¿Se puede multar igual la ofensa al himno nacional, que no tiene letra, que, por ejemplo, el himno gallego, que tiene una letra larguísima (que nadie se la sabe) y que además no se entiende el significado de la mitad de lo que se canta? La generación de mis hijos y posteriores (creo que la de mis nietos está en ello) aprendió una letra en el patio del colegio que cantaba el himno nacional con aquel «Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel...», y antes hubo versiones como aquella que cantábamos hace muchos más años de «Chinda, chinda, las cachas de Florinda, etcétera». ¿Será perseguible como ofensa al himno o lo tomaremos como lo que es, una coña infantil? En este apartado –menos mal– se ha separado el delito o falta de abuchear y silbar al himno nacional en los campos de fútbol, porque parece ser que eso está regulado en la ley del deporte. Está bien, porque el único sitio donde se entona –es un decir– el himno es en los partidos internacionales.
La Ley Fdez. sigue con una serie de apartados variopintos y sanciones graves, como deslumbrar a los pilotos de líneas aéreas con punteros de rayos láser, uso de uniformes policiales sin autorización (¡cuidado con el carnaval!), escalar edificios públicos como forma de protesta, la prostitución al lado de los colegios o en los arcenes de las carreteras (es una clara distinción entre el puterío silvestre y el puterío de granja, que no se contempla entre las actividades peligrosas para la sociedad). Todo quedará a criterio de instancias superiores, que decidirán sobre lo que es lícito o ilícito, que podrá cachear, identificar, prohibir el paso de personas en la calle, cerrar locales o incluso detener a ciudadanos «si es razonablemente necesario». Según ese criterio, esas instancias decisorias podrán multarle a usted si ofende a algún símbolo patrio y ello se considera «razonablemente necesario». El problema, además, estriba en que la instancia que razone sobre la necesidad de detenerle o meterle una multa de hasta 30.000 euros (el salario de tres años de un trabajador con suerte o el de un verano de un alto ejecutivo de banca) está en manos de un policía (iba a decir simple, pero a lo mejor se interpreta como ofensa a las fuerzas del orden). Bastará la palabra de un policía para que la Ley Fdez. le aplique la sanción correspondiente; será su palabra contra la suya, pero en ese caso vale más la del policía, porque es palabra uniformada, y la suya es una palabra callejera y civil. ¿Y si el policía miente o se equivoca? Ah, la ley lo tiene previsto; puede recurrir ante un juez, pero, eso si, pagando las tasas correspondientes que fueron aprobadas por la Ley Gallardón, con lo cual, sea como sea, usted va a pagar, que parece ser lo que se busca.
Después de todas estas reflexiones llegué a la conclusión de estamos todos tontos. Pero el ministro Fdez. es un hombre justo, piadoso y temeroso de Dios. Por tanto mi conclusión es que el tonto soy yo y alguno más como yo.
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