viernes, 18 de agosto de 2017

Privados de lo público

J.A.Xesteira
Cuando tenemos que superar el molesto trámite de los controles de los aeropuertos (no conozco a nadie que no ponga mala cara al paso por ellos) solemos centrar nuestro silencioso cabreo en las personas que nos hacen pasar por el arco detector, las maletas por el escáner y todo ese tejemaneje protocolario que la paranoia americana impuso al resto del mundo hace algunos años. Los empleados de los controles nunca reciben una sonrisa, porque los cacheados, descalzados, controlados, les regalamos el ceño fruncido del viajero molesto. Somos conscientes de que estamos usando un servicio público, como son los medios de transporte en un país democrático. Pero nunca somos conscientes de que aquellos empleados que nos dicen que nos descalcemos y que no podemos pasar el cortauñas en la bolsa de mano son, en realidad, empleados de una empresa privada, subcontratada por Aena, una empresa medio pública medio privada, una de esas chapuzas propias del Capitalismo disfrazado de bien común. A menudo los políticos, que en gran mayoría son más negociantes de la economía común (la política es otra cosa, no confundir con los negocios políticos que se perpetran a mayor gloria del producto interior bruto) suelen decir que son “buenos gestores”, que es como decir que nuestros dineros, los que aportamos en diversas extorsiones legales están bien administrados para bien de nuestra salud, nuestra educación y nuestro bienestar. Pero en realidad, detrás de esa fórmula de “buena gestión” no hay más que una derivación de la función pública (dinero de todos para bien de todos) a la privada (dinero de todos para beneficio de unos pocos) que, a cambio suministran los servicios públicos a que tenemos derecho, mediante concursos a la baja (que serán revisables para beneficios consiguientes) y sostenido con contrataciones de personal de bajo coste y en condiciones laborales de dudosa dignidad. Sucede así en todos los grandes sectores públicos gestionados por empresas privadas. Y, echándole una dosis forzada de buena fe, debemos suponer que todas las subcontrataciones se realizan de forma legal, limpia y santa, sin amiguismos, pesebrismos y enchufismos, los tres grandes “ismos” que un día creímos que la democracia borraría de la vida política. Sabemos que no, que de vez en cuando sale a flote alguna porquería ilegal que nunca paga nadie con una condena adecuada.
Pero un día cualquiera surge un conflicto como el reciente del aeropuerto de Barcelona (que previsiblemente contagiará a otros aeropuertos) y entonces nos damos cuenta (o deberíamos darnos cuenta) de una cosa: cuando la empresa privada tiene un conflicto laboral, lo discute y se las apaña como puede; cuando la empresa privada de servicio público tiene un conflicto laboral simple, es el Estado, por medio del Gobierno, el que le saca las castañas del fuego alegando que hay un problema social y público. En el caso aeroportuario conviene recordar algunas cosas. El año pasado Aena repartió en lotes la concesion del servicio de controles entre tres firmas, Eulen, Prosegur e ICTS Hispania, empresas privadísimas que están a lo suyo, ganar dinero. Generalmente las adjudicaciones suelen despertar en el ánimo del ciudadano normal una ligera sospecha de cambalache, ese cierto tufillo de podrido danés. Pero vamos a ser ecuánimes y pensar que todo es limpio como patena. Todo va bien, los pasajeros ponemos los metales y el cinturón en la bandeja, agarramos el pantalón para que no se nos caiga y pasamos por el arco. Pero un día, los empleados le discuten a su empresa el convenio colectivo, algo normal y rutinario, y piden aumento de sueldo, y hacen huelga (uno de los derechos fundamentales de la Constitución –artículo 28.2–) Y entonces el cabreo del viajero aumenta porque tiene que esperar horas para subir al avión, y los trabajadores tienen que pelear su convenio contra la empresa y contra la opinión pública, desinformada por los Medios, que carga sobre ellos la culpa de la situación en el Prat. Se soslaya la realidad: el Estado delega su función púbica en una empresa privada; esa empresa privada, que se guarda sus beneficios, acude al Estado cuando las cosas se le tuercen; y los usuarios, que utilizamos un servicio público, amparado por el derecho a la libre circulación, nos cabreamos con los trabajadores en lugar de cabrearnos con el Estado que no le exige a la empresa que cumpla con el contrato.
En lugar de eso, el propio Estado, al mismo tiempo que culpabiliza a los trabajadores, consigue cabrear a otro sector, el de la Guardia Civil, al mandar a tapar un problema laboral simple y privado a funcionarios públicos. Las asociaciones de la Guardia Civil ya habían advertido de los problemas que iban a traer la privatización de la seguridad pública.
En este punto, y sin resolver el problema de fondo, una cuestión salarial, no lo olvidemos, el Gobierno riza el rizo y una vez más sale al rescate de las empresas privadas, ahora alegando pérdidas económicas de la Marca España  (éramos un país y ahora, por lo visto, somos una franquicia) y corta por el medio al estilo Salomón: un laudo de obligado cumplimiento, un viejo invento que ya se aplicaba en el tardofranquismo y que sólo se utiliza en casos muy excepcionales.
La historia parece que sólo acaba de empezar; los viajeros, cabreados por los retrasos; los trabajadores, cabreados por la situación; los guardias civiles, cabreados por tener que ir de bomberos a un lugar que hace un tiempo era su puesto de trabajo y que después privatizaron; los políticos, cabreados por tener que interrumpir las vacaciones y los bailes de sociedad. Sólo la empresa privada puede estar contenta: dejar que se maten y ganar en ese río revuelto. A fin de cuentas saben que los políticos les sacarán las castañas del fuego porque la empresa privada es el refugio a donde irán a parar esos políticos cuando acaben su cometido. Como hicieron mientras “gestionaban” en el poder, pasarán de lo público a lo privado. Por ser “buenos gestores” irán a un buen consejo de administración a “velas vir”. Llegará un momento en el que en lugar de elegir a los dirigentes por votación democrática los contrataremos directamente.

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